OliveA Tradición y Progreso denuncia que la evolución de los precios en origen del aceite de oliva no responde a la lógica del mercado, sino a estrategias comerciales interesadas, impulsadas por un reducido grupo de grandes operadores. Una tesis avalada por el incremento de las importaciones procedentes de Túnez para perjudicar a los productores españoles, a quienes no compran ese aceite que sustituyen por el tunecino, y así pueden presionar a la baja los precios en origen. El presidente de OliveA, José Gilabert, considera que la situación exige una reacción responsable del sector, porque no tiene sentido que los precios en origen sigan siendo ruinosos cuando la realidad confirma la buena dinámica de la comercialización.
La argumentación de OliveA se fundamenta en los datos de Aduanas y de la AICA, que muestran que las importaciones de aceite procedentes de Túnez han aumentado un 85% desde 2016, alcanzando una media anual de 123.000 toneladas. España se ha consolidado como el principal destino europeo de este aceite, que entra por dos vías: el contingente anual de 56.700 toneladas libres de aranceles aprobado por la Unión Europea y, especialmente, el régimen de perfeccionamiento activo (RPA), sin límite alguno de entrada. Mecanismo que permite importar aceite sin aranceles siempre que sea reexportado en un plazo máximo de seis meses. OliveA recuerda que es un mecanismo legal y sometido a un estricto control aduanero, pero advierte que su utilización ha dejado de responder a situaciones excepcionales de falta de producción para convertirse en una herramienta estructural que altera el mercado.
La prueba, según aclara José Gilabert, es que en 2025 el 61% de todo el aceite importado desde Túnez, unas 95.000 toneladas, accedió mediante el régimen de perfeccionamiento activo. Un porcentaje que se ha elevado hasta el 96%, con 37.400 toneladas autorizadas por esta vía, en el primer cuatrimestre de 2026. «El problema no es que el mecanismo exista, sino el uso que se hace de él. Cada tonelada que entra desde Túnez por estos sistemas es una tonelada que deja de comprarse al olivar español. Se adquiere aceite más barato para reexportarlo posteriormente y eso termina ejerciendo una presión directa sobre los precios que reciben nuestros agricultores», afirma José Gilabert.
OliveA considera especialmente preocupante que esta estrategia esté concentrada en un número muy reducido de operadores que “controlan la principal válvula de entrada de aceite importado y utilizan esa posición para influir sobre el mercado. Son operaciones legales, pero que provocan un efecto muy perjudicial para el conjunto del sector productor español», sostiene José Gilabert. El presidente de OliveA concreta que el aumento de las importaciones coincide con un descenso de las salidas de aceite desde las almazaras durante los dos últimos meses, un dato “significativo”. A cierre de junio de 2026, España ya había importado 202.000 toneladas de aceite de oliva, el 92% del volumen previsto para toda la campaña —220.000 toneladas— cuando aún restan cuatro meses para iniciar la nueva campaña. Esta cifra supera en un 20% la media de las cinco últimas campañas y en un 15% la registrada en la campaña pasada. “Las importaciones son utilizadas para generar un escenario de mayor presión comercial que termina traduciéndose en bajadas de precios en origen sin lógica en la realidad del mercado”, añade José Gilabert.
Frente a esta situación, el presidente de OliveA recuerda que la mayor parte del aceite disponible continúa almacenado, precisamente, en el territorio donde se concentra el olivar tradicional. Jaén tiene unas 160.000 toneladas, el 38% del total nacional; Córdoba acumula 102.000 toneladas (24%); Sevilla dispone de 48.000 toneladas (11%) y Granada mantiene 22.500 toneladas (5%). En conjunto, el 80% de las existencias nacionales se encuentran en estas cuatro provincias andaluzas. «Lejos de ser una debilidad, disponer del aceite debe convertirse en nuestra principal fortaleza. Andalucía tiene la capacidad de marcar una estrategia de valor porque aquí se encuentra la mayor parte de las existencias. Tienen que venir a comprar nuestro aceite y eso debemos hacerlo valer», afirma el presidente de OliveA, quien considera que ha llegado el momento de aplicar con firmeza la Ley de la Cadena Alimentaria y utilizar como referencia el estudio de costes elaborado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), cuya actualización confirma que el incremento acumulado de los costes de producción ronda el 57% en los últimos seis años, impulsado principalmente por el aumento de los costes laborales, la energía, la maquinaria y los fertilizantes.
El informe sitúa el coste total de producción del olivar tradicional no mecanizable de secano en 5,31 euros por kilogramo de aceite, mientras que el olivar tradicional mecanizable alcanza los 4,67 euros por kilogramo en secano y los 4,18 euros en regadío. Estos datos evidencian que una parte muy importante del olivar español produce actualmente por debajo de sus costes reales, comprometiendo la sostenibilidad económica de miles de explotaciones. «Hoy contamos con datos objetivos que acreditan que una gran parte del olivar tradicional está vendiendo por debajo de lo que cuesta producir. Cuando el mercado no remunera adecuadamente el trabajo del agricultor, quien acaba asumiendo todo el desequilibrio de la cadena alimentaria es el productor», señala José Gilabert.
Asimismo, OliveA considera que no resulta razonable justificar la caída de las cotizaciones en las expectativas de la próxima cosecha. La asociación insiste en que el precio del aceite debe responder a criterios objetivos de mercado y reflejar los costes reales de producción. Por todo ello, el presidente de OliveA Tradición y Progreso insiste en que el mercado debe garantizar precios justos para los agricultores, de forma que ningún productor se vea obligado a vender por debajo de sus costes de producción. La asociación defiende que la sostenibilidad del sector pasa por preservar la rentabilidad del olivar tradicional, asegurar el equilibrio entre todos los eslabones de la cadena alimentaria y evitar que el peso de los ajustes recaiga exclusivamente sobre quienes producen el aceite de oliva.
«No podemos seguir aceptando operaciones por debajo de costes cuando la propia legislación lo prohíbe. Los costes están perfectamente identificados y deben convertirse en el suelo mínimo para cualquier operación comercial. Defender la rentabilidad del agricultor no es una opción; es la principal responsabilidad de quienes gestionan el aceite. Necesitamos coherencia. Si quienes conservamos hoy el aceite mantenemos una estrategia común en la que se cubran los costes de producción, podremos recuperar el equilibrio del mercado. La responsabilidad es compartida y la oportunidad también. Tenemos el aceite, tenemos la Ley de la Cadena y conocemos nuestros costes. Ahora necesitamos unidad para defender el valor del olivar tradicional y garantizar su futuro. Y defender precios justos no significa perjudicar al consumidor; significa asegurar que el aceite de oliva siga produciéndose en nuestros pueblos y que las explotaciones familiares tengan futuro. Sin rentabilidad no habrá relevo generacional ni será posible mantener un cultivo estratégico para Andalucía y para España», concluye José Gilabert.
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